El interventor del Iosper, Mariano Gallegos, confirmó que el Tribunal de Cuentas de la provincia remitió al Procurador General, Jorge García, la documentación relevada por la Comisión Fiscalizadora de la obra social, con el objetivo de que el Ministerio Público Fiscal determine si existieron delitos penales en el manejo del organismo.
El interventor remarcó que, ante la gravedad de los hallazgos realizados por la Comisión Fiscalizadora, el Tribunal de Cuentas puso en conocimiento del Ministerio Público Fiscal la documentación que podría configurar delitos contra la administración pública. «Esto activa en los hechos el proceso penal correspondiente», indicó.
Gallegos detalló que el trabajo de la Comisión había sido inicialmente obstaculizado por las anteriores autoridades del Iosper, quienes se negaron sistemáticamente a entregar la información requerida. Esta situación se revirtió a partir de la intervención, que permitió el acceso completo a la documentación y a los sistemas informáticos de la obra social. «El trabajo técnico fue muy riguroso y permitió reunir elementos objetivos que hoy están a disposición de la Justicia», señaló.
Finalmente, Gallegos subrayó que el gobierno de Entre Ríos continuará trabajando con firmeza para transparentar el funcionamiento del Iosper y garantizar que los recursos de los trabajadores estatales se administren con responsabilidad y eficiencia. En ese sentido, afirmó que los hallazgos obtenidos durante la intervención refuerzan la necesidad de avanzar con el proyecto de ley para la creación de la nueva Obra Social de Entre Ríos (OSER), concebida como una entidad moderna, con mayor control institucional, mejores estándares de gestión y prestaciones de calidad para sus afiliados.