Desde la Cámara Argentina de Pequeños y Medianos Productores Porcinos (CAPEMPPOR) señalan que el virus afecta principalmente a grandes establecimientos y critican la falta de información oficial. Aseguran que la carne es segura para el consumo, pero advierten sobre graves daños económicos para los productores.
El sector porcino nacional atraviesa momentos de incertidumbre tras la detección de nuevos brotes del virus de Aujeszky —conocido también como la pseudorrabia o la «rabia porcina»—. La voz de alarma no surgió del organismo de control estatal, sino de una advertencia emitida por la Cámara de Empresas de Genética Porcina, lo que encendió las críticas hacia el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) por su falta de comunicación oficial.
En diálogo con el programa radial Amanece Litoral, Alejandro Di Palma, presidente de CAPEMPPOR, cuestionó con dureza el rol del ente regulador: «El gran ausente es el SENASA, no abrió la boca hasta ahora y no dice nada. Cualquier persona con sentido común sabe que la autoridad sanitaria tiene la obligación de informar certeramente para evitar que el sector se maneje por trascendidos».
Un problema originado en la gran producción
A diferencia de la creencia habitual de que las fallas sanitarias se concentran en las pequeñas granjas, Di Palma aclaró que los focos reportados involucran a importantes establecimientos industriales. «El criadero más importante del país fue uno de los primeros en registrar Aujeszky. Se supone que la peste se introdujo desde Brasil a través de genética en pie», explicó el dirigente.
El presidente de CAPEMPPOR subrayó que la dinámica de comercialización genética agrava el escenario: «Cuando tenés una granja proveedora de genética infectada, terminás infectando a todos los clientes. La producción porcina se convirtió en un negocio altamente concentrado; hay pocos criaderos con un volumen enorme de producción».
Muestreos y asimetría económica
Otro de los reclamos centrales de la entidad radica en la desproporción de los costos que exige la normativa actual para el control sanitario. Según indicaron, los esquemas de muestreo y sangrado requeridos representan una carga financiera significativamente más pesada para los pequeños productores que para las grandes estructuras empresariales.
»En una pequeña producción, el muestreo estadístico termina siendo casi un censo. Un criadero pequeño termina haciendo casi la misma cantidad de sangrados que uno de escala mayor, lo que implica un costo desproporcionado que pone en riesgo de quiebra a los productores más débiles», advirtió Di Palma.
Claridad para el consumidor
Ante las dudas generadas en la opinión pública respecto del impacto de la enfermedad, desde la entidad aclararon que el virus no transmite riesgos para la salud humana ni altera la inocuidad del alimento.
»Es una enfermedad que golpea fuertemente la eficiencia y el desarrollo productivo del animal, pero no afecta la calidad de la carne ni la salud del consumidor. Ocurre algo similar a la fiebre aftosa: no representa un peligro al comerla, pero genera trabas comerciales de exportación y pérdidas productivas en los granjas», remarcó el dirigente, al tiempo que volvió a exigir que el SENASA salga a brindar explicaciones públicas para evitar temores infundados en la población.
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