Una cámara empresaria avisó que hay nuevos brotes de Aujeszky en granjas de cerdos. No dijo dónde, cuántos ni desde cuándo. El organismo sanitario, que tiene los datos, no dijo nada. El sector se entera de su propia situación sanitaria por un comunicado que pide cuidarse sin decir de qué.
PRIMERA PARTE: LO ESENCIAL
La enfermedad de Aujeszky es un virus de los cerdos. No afecta a las personas ni vuelve insegura la carne, pero dentro de una granja puede provocar abortos y la muerte de casi todos los lechones de una camada. Por eso los criaderos se controlan con análisis de sangre periódicos, y una granja donde aparece el virus queda bloqueada para mover animales hasta que presenta un plan para sanearse.
Esta semana circuló un comunicado de la Cámara Argentina de Empresas de Genética Porcina, que agrupa a las firmas que venden las madres y los padrillos con los que se reproduce buena parte del rodeo nacional. Dice que hubo nuevos brotes, pide avanzar en el plan de erradicación y llama a los productores a reforzar sus controles de ingreso de personas, vehículos y animales.
Es como si el consorcio pegara un cartel en el ascensor avisando que hubo robos en el edificio y pidiendo a cada vecino que cierre bien la puerta, sin decir en qué piso, cuándo ni cuántos. El consejo es correcto. Pero el vecino no sabe si el problema está en el piso de arriba o en el edificio de enfrente, y tampoco sabe si el que pegó el cartel tuvo algo que ver.
LO QUE FALTA NO ES EL CONSEJO: ES EL DATO. Y el dato existe. El SENASA, que es el organismo nacional de sanidad animal, mantiene un registro público del estado de cada granja controlada. Un consultor privado lo ordenó y encontró que, al 22 de octubre, alrededor de una de cada diez granjas registradas tenía el problema activo, con medio millón de cerdos adentro, concentrados en Córdoba, Buenos Aires y Santa Fe. La novedad no es de hoy. Lo que falta es alguien con autoridad que la cuente.
Hay además un detalle que el comunicado no aborda. Una de las puertas de entrada más peligrosas del virus es el animal que llega a la granja, y los animales que entran a un criadero son en buena medida los que venden las empresas que firman. En 2025, el brote que obligó a rehacer el plan nacional empezó justamente en una granja que multiplicaba genética y repartía reproductores a decenas de establecimientos.
Nada de esto convierte a las empresas de genética en culpables. Son las que más tienen para perder y las que trabajan con las exigencias sanitarias más altas. Pero por eso mismo son las que más pueden aportar con un gesto simple: decir cuál es el estado sanitario de sus propias granjas. EL QUE PIDE AL COMPRADOR QUE CONTROLE LO QUE ENTRA PUEDE EMPEZAR POR CERTIFICAR LO QUE SALE.
Y queda la pregunta mayor. El organismo que tiene la información, y que obliga a cada productor a avisar de inmediato ante cualquier sospecha, no emitió un parte. CUANDO LA AUTORIDAD SANITARIA CALLA, SU LUGAR LO OCUPA EL COMUNICADO PRIVADO.
SEGUNDA PARTE: EL ANÁLISIS
Conviene empezar por lo que el texto acierta, porque es bastante. No es alarmista, no reclama vacunación masiva ni cambios de estatus que comprometan la estrategia de erradicación, respalda el plan vigente (la Resolución SENASA 810/2025, que reemplazó al programa de 2009 y rige desde el 22 de abril de 2026) y las medidas de bioseguridad que enumera son las que cualquier técnico firmaría. Tampoco es menor que las empresas de genética sean las primeras alcanzadas por el sistema: desde 1996 todo establecimiento que vende reproductores debe estar certificado como libre de la enfermedad. Para una firma de genética, un brote en un núcleo no es un costo más: es la pérdida del producto que vende.
El problema está en lo que el texto da por sabido. Habla de nuevos brotes sin fecha, sin lugar, sin cantidad, sin escala de los establecimientos y sin mencionar al organismo que los habría diagnosticado. No hay una sola cifra en el documento. Para quien lo lee en una granja de Entre Ríos o de Misiones, la frase tiene la misma utilidad que un pronóstico de lluvia sin provincia.
Y omite la pregunta que el comprador de genética se hace primero: si alguno de los establecimientos afectados forma parte de la cadena de multiplicación de las firmas que suscriben. El comunicado informa que la Cámara adopta las medidas necesarias para proteger sus establecimientos, lo que describe una defensa hacia adentro, pero no dice en qué estado están esos establecimientos. UN COMUNICADO QUE ANUNCIA UN BROTE SIN DECIR DÓNDE NO INFORMA: DISTRIBUYE LA INQUIETUD.
Lo paradójico es que el dato no es secreto. El informe que el zootecnista Juan Luis Uccelli (JLU Consultora) publicó en TodoCerdos el 26 de octubre, construido sobre el tablero oficial del SENASA, registra al 22 de octubre 1.108 unidades productivas con estatus de Aujeszky cargado, que suman 3,83 millones de cabezas. De ellas, 104 tienen el problema activo (93 en saneamiento y 11 infectadas), con 503.246 cabezas, el 13,1 por ciento del stock relevado. Córdoba concentra 232.931 de esas cabezas, casi la mitad, y tiene uno de cada cinco cerdos de su propio stock relevado en saneamiento o infectado. Entre Ríos, cuarta provincia en stock, no registra ninguna unidad en esa condición.
Dos aclaraciones de método del propio informe obligan a leer esas cifras con cuidado. La primera: el universo son las granjas que ingresaron al programa de certificación, vigilancia o saneamiento, no el total del país, de modo que no mide prevalencia nacional. La segunda: desde enero de 2024 hay 97 unidades con un diagnóstico de infección registrado, la gran mayoría en 2026, y 86 de ellas ya pasaron a saneamiento, por lo que el número de infectadas, leído solo, subestima el problema. ESTO NO ES UNA CRISIS QUE EMPEZÓ HOY: ES UNA SERIE QUE NADIE NARRA.
Lo llamativo es el orden de las fuentes. El organismo sanitario tiene el registro, administra el tablero y exige a toda persona responsable de un establecimiento notificar en forma inmediata cualquier signo compatible con la enfermedad. Pero la lectura de esos datos la hace un consultor privado, y la alerta la da una cámara empresaria. Un tablero de estatus no es un parte epidemiológico: muestra en qué categoría está cada granja, no cuándo cambió, ni dónde se concentran los diagnósticos recientes, ni qué hipótesis de ingreso se investigan. Según el mismo informe, el tablero asigna un único estatus por granja con prioridad del saneamiento sobre la infección (una granja recién diagnosticada sale de la columna de infectadas apenas empieza a sanear) y deja fuera de su gráfico a 26 unidades en prórroga con 60.470 cabezas.
LA INFORMACIÓN PÚBLICA EXISTE, PERO ESTÁ ORDENADA PARA CERTIFICAR GRANJAS, NO PARA AVISARLE AL SECTOR. Cuando la autoridad no narra, narra quien tiene interés, aunque lo haga de buena fe.
El segundo punto es la dirección del riesgo. A comienzos de 2025 se detectó la enfermedad en un criadero de Pacuca en Roque Pérez, multiplicador de genética PIC, y según lo informado entonces por la Federación Porcina Argentina unos cuarenta establecimientos habían recibido material genético de ese origen; en pocas semanas se contaban alrededor de diez focos derivados. Ese episodio es el que empujó el plan que hoy rige. El comunicado actual pide controlar el ingreso de animales, y en una granja de cría el animal que entra por la tranquera es casi siempre una cachorra o un padrillo de reposición.
No se trata de imputar el origen de los brotes actuales a la genética. No hay ningún dato público que lo sostenga, y el propio informe de Uccelli señala al transporte, y en particular a los lavaderos de camiones, como una de las vías más mencionadas por los técnicos que investigan las causas. Pero un llamado a la bioseguridad dirigido solo al eslabón de abajo invierte el orden de la cadena. LA BIOSEGURIDAD DEL QUE COMPRA EMPIEZA EN EL ESTATUS DEL QUE VENDE.
El tercer punto es la expresión responsabilidades compartidas. Es correcta, pero en el esquema vigente la responsabilidad se comparte de manera desigual. La Resolución 810/2025 incorpora por etapas a los establecimientos más chicos al muestreo obligatorio (los de 59 a 99 cerdas desde abril de 2026, los de 20 a 59 al año siguiente), de modo que el pequeño productor ya paga su parte del control. Lo que no recibe es información a tiempo: se entera último y por vía indirecta. COMPARTIR LA RESPONSABILIDAD SIN COMPARTIR LA INFORMACIÓN ES TRANSFERIR EL RIESGO HACIA ABAJO.
Hay que reconocer las razones atendibles del silencio. La información individual de una granja tiene valor comercial, y difundirla puede castigar a quien notificó, lo que a la larga desalienta notificar. Ni la Cámara ni el SENASA deberían publicar nombres de establecimientos. Pero entre nombrar una granja y no decir nada hay un espacio amplio: departamento, fecha de diagnóstico, escala, tipo de establecimiento y vía de ingreso bajo investigación.
Ese espacio admite instrumentos concretos, de distinta solidez. El primero está en manos de la propia Cámara y no requiere norma alguna: publicar, para cada firma asociada, el estatus vigente de sus núcleos y multiplicadores y la fecha del último muestreo negativo. Es voluntario, no tiene obstáculo jurídico y sería la tranquilidad más eficaz que podría ofrecer al comprador.
El segundo es exigirle al SENASA un parte epidemiológico periódico, agregado por departamento, fecha y escala. Un pedido formal bajo la Ley 27.275 de acceso a la información pública es jurídicamente sólido para datos agregados; para datos de establecimientos individuales el organismo puede invocar las excepciones del artículo 8 (información comercial y datos personales), por lo que conviene pedir desde el inicio la versión agregada.
El tercero está en la compra. El productor puede exigir en la orden de compra la copia del certificado de predio libre del origen y la fecha del último muestreo, junto con una cláusula de devolución o compensación si el lote resulta positivo en la cuarentena de ingreso. Es un instrumento contractual sólido, cuya eficacia depende del poder de negociación de cada comprador, y por eso tiene más fuerza si lo impulsa una entidad que agrupe compradores.
El cuarto es la responsabilidad del vendedor por vicios ocultos que prevé el Código Civil y Comercial. En principio alcanza a la compraventa de animales, pero probar que la infección llegó con el lote y no por otra vía es difícil, de modo que funciona más como palanca de negociación que como reclamo con perspectivas claras. Lo mismo vale para un quinto instrumento, un fondo de compensación sanitaria integrado con un aporte por reproductor vendido: hoy no tiene base normativa, pero es una propuesta legítima para llevar a la mesa sectorial.
Sería injusto pedirle a una cámara empresaria lo que le corresponde al Estado. La Cámara de Genética hizo, a su modo, lo que el organismo sanitario no hizo: avisar. El problema es que un aviso sin datos obliga a cada productor a adivinar, y en sanidad animal adivinar sale caro. EL COMUNICADO NO ES EL PROBLEMA: ES EL SÍNTOMA DE QUE LA AUTORIDAD DEJÓ VACANTE LA PALABRA. Corresponde que el SENASA diga lo que sabe, y que quienes venden la genética digan lo propio.
Alejandro Di Palma
Presidente de Capemppor
Octubre 2026