El Gobierno de Santa Fe comenzó a intimar económicamente a las familias de menores identificados como responsables de amenazas contra establecimientos educativos, en un intento por frenar una ola de episodios que se multiplicó en la provincia y en todo el país. La medida se aplica a través de un procedimiento administrativo y patrimonial, que busca recuperar los costos de los operativos policiales desplegados en cada caso.
La primera notificación fue entregada este lunes en la ciudad de Santa Fe a los padres de un menor señalado como autor de una amenaza. El monto reclamado asciende a $6.024.944, que deberán abonar en un plazo de cinco días. En caso de incumplimiento, la deuda será derivada a la Fiscalía de Estado para su ejecución. Según relató el ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, al recibir la notificación uno de los padres reaccionó con un contundente: “Cara la jodita”.
El ministro explicó que ya se identificaron 58 hechos, lo que involucra a más de 70 personas entre autores y adultos responsables. Cada intimación detalla el costo del operativo: combustible, móviles, brigadas especializadas —como explosivos— y horas de servicio. El cálculo, según Cococcioni, responde al “costo exacto que el operativo tuvo para los santafesinos”, y no constituye una sanción penal, sino una indemnización civil prevista en el Código Civil y Comercial. Con todas las validaciones en curso, el monto total reclamado podría superar los $250 millones, cifra que seguirá creciendo a medida que avancen las investigaciones.
La medida se implementa en un contexto de fuerte conmoción social tras el caso de San Cristóbal, donde un alumno de 15 años ingresó armado a una escuela, mató a un compañero de 13 e hirió a otros estudiantes. Frente a la escalada de amenazas posteriores, el gobierno santafesino busca enviar un mensaje claro: los operativos tienen un costo y quienes generen falsas alarmas deberán asumirlo.