Los congresales del Partido Justicialista de Entre Ríos, Domingo Daniel Rossi y Carlos Guillermo Reggiardo, presentaron una denuncia penal–electoral ante el Fiscal Federal y el Juez Federal con competencia electoral, solicitando la intervención judicial urgente del PJ entrerriano. La presentación apunta a investigar presuntas irregularidades en el financiamiento partidario y su eventual vinculación con la campaña presidencial de Javier Milei en 2023.
Principales acusaciones
- Manipulación económica del proceso interno del PJ–ER, que habría impedido la participación de listas opositoras bajo el argumento de falta de fondos.
- Presuntos aportes ilícitos canalizados por el funcionario nacional Guillermo Michel, con impacto en la estructura financiera del PJ provincial y en la campaña de Milei.
- Violación del régimen de financiamiento partidario, falsedad ideológica, encubrimiento agravado y manipulación dolosa de internas partidarias.
Hechos destacados en la denuncia
- Confesión pública en el portal Página Política sobre el “aporte del peronismo para posicionar a Milei”.
- Declaraciones televisivas de la diputada nacional Marcela Pagano, quien afirmó que Michel “pagaba y financiaba estructuras locales” para Milei.
- Admisión directa del exvicegobernador José Cáceres, quien habría dicho que “Michel hacía los giros para pagar los sueldos del partido”.
- Testimonios de apoderados de cuatro listas internas dadas de baja por razones económicas, mientras circulaban fondos ajenos dentro del partido.
- Flujos de pauta digital en plataformas como YouTube, Meta y X, que podrían vincularse a estructuras partidarias y campañas paralelas.
Medidas solicitadas
- Requerimientos a la DINE y CNE sobre informes contables de campaña.
- Oficios a bancos y plataformas digitales para rastrear movimientos financieros y publicitarios.
- Inhibición cautelar de fondos partidarios y designación de veedor judicial.
- Convocatoria a testigos clave y realización de pericias informáticas.
Los denunciantes hicieron reserva federal para acudir a la Cámara Nacional Electoral y a la Corte Suprema, en caso de que no se garantice la tutela judicial efectiva y la transparencia política.




