En el debate actual sobre la modernización de las instituciones políticas, la propuesta de un sistema legislativo unicameral emerge como una alternativa que merece una consideración seria, acorde a los tiempos que vivimos.
Lejos de ser una simplificación ingenua, la adopción de una única cámara legislativa podría
representar un avance significativo en términos de eficiencia, transparencia e, incluso, de
una mejor representación de la voluntad popular para Entre Ríos ¿No es acaso hora de
cuestionar las inercias organizacionales que, porque hace mucho son así, nos alejan de
una mejora institucional considerable?
El argumento central a favor del unicameralismo radica en la optimización del proceso
legislativo. La existencia de dos cámaras conduce lógicamente a una duplicación de
esfuerzos, de revisiones y a la necesidad de múltiples instancias de conciliación ¿Podemos
permitirnos seguir tolerando esta lentitud burocrática en un mundo que demanda
respuestas políticas ágiles y efectivas? Una única cámara, al eliminar estos pasos
redundantes, podría agilizar la tramitación de leyes, permitiendo una respuesta más rápida
y directa a las necesidades de la ciudadanía.
En cuanto a los costos operativos del Estado, la reducción que implicaría un sistema
unicameral es innegable. Menos legisladores, menos estructuras administrativas,
significan una menor carga para el erario público. En un contexto donde la eficiencia en el
manejo de los recursos es una demanda constante, y es aún más amplificada por el
contexto acuciante actual, ¿no resulta natural explorar un modelo que permita optimizar el
gasto destinado al funcionamiento del Poder Legislativo, sin que ello implique
necesariamente una merma en la calidad de la representación?
La transparencia y la rendición de cuentas también podrían verse fortalecidas con un
sistema unicameral. Al concentrarse la labor legislativa en un único órgano, el seguimiento
por parte de la ciudadanía y de los medios de comunicación se simplifica
considerablemente. ¿No es más fácil para el ciudadano controlar y evaluar el desempeño
de sus representantes cuando la responsabilidad se concentra en una sola cámara, en
lugar de diluirse entre dos cuerpos deliberativos? La identificación de responsables en
caso de ineficiencia o malas decisiones se vuelve mucho más directa, y por tanto deseable.
La simplicidad institucional que ofrece el unicameralismo no es un aspecto menor. Un
solo órgano deliberativo provincial es inherentemente más sencillo de comprender y de
gestionar desde el punto de vista organizativo y jurídico. Se evitan así las potenciales
fricciones y los conflictos de competencia que pueden surgir entre cámaras.
Finalmente, si bien se argumenta que el bicameralismo garantiza una mejor
representación de los intereses territoriales, ¿es esta realmente la función primordial de
una segunda cámara en el contexto actual? La experiencia de provincias como Córdoba,
que adoptó deliberadamente un sistema unicameral en 2001, sugiere que este modelo
puede coexistir perfectamente con una representación territorial adecuada, combinando
legisladores departamentales con representación proporcional. Los resultados en
términos de eficiencia legislativa y reducción de costos son datos concretos que invitan a
la reflexión.
En suma, la adopción de un sistema legislativo unicameral no debe ser vista como una
renuncia a la representación o a la deliberación, sino como una oportunidad para construir
un sistema más ágil, austero y moderno. Experiencias como la cordobesa, o incluso la
entrerriana con la reforma de Racedo de 1883, demuestran que podemos y nos debemos
un sistema político institucional más simple, que facilite la gestión de lo público para
llevarle soluciones a nuestro pueblo entrerriano.
Manuel Troncoso