Desarrollo economico

Se dedicaba al desvío de armas al mercado ilegal y el contrabando hacia Chile y Uruguay. Lavaban el dinero en el sector inmobiliario, con la compra de propiedades. Realizaron 140 allanamientos en CABA y 12 provincias. Detuvieron a 35 personas. Tras una investigación de dos años, la Policía Federal Argentina (PFA) desarticuló una banda dedicada al tráfico nacional e internacional de armas. Fueron detenidas 35 personas, de las cuales hay exempleados del RENAR. La red llegaba a Uruguay y Chile y lavaba dinero a través de operaciones inmobiliarias. La «Operación Armas Sin Fronteras» se llevó a cabo tras una denuncia del Registro Nacional de Armas (RENAR) y bajo directivas del Ministerio de Seguridad de la Nación. Tras dos años, se realizaron 140 allanamientos en 13 provincias: Ciudad de Buenos Aires, Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Tucumán, San Luis, Mendoza, Corrientes, Misiones, Neuquén, Chubut, Salta y Tierra del Fuego. Todo comenzó con una denuncia formulada por el RENAR, sobre la presunta existencia de una organización dedicada a comprar armas de fuego en forma lícita para luego venderlas en el mercado negro. Exempleados de RENAR La organización estaba conformada por personas que de acuerdo a sus cargos y funciones cumplimentaban distintos roles, tratándose de exempleados de RENAR, quienes utilizaban sus recursos para facilitar la diligencia de los trámites de compra y transferencia del armamento. Durante los procedimientos, fueron detenidos 35 personas de la organización, conformada por 4 mujeres y 31 hombres. Los allanamientos contaron con el despliegue de agentes del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) y la intervención del Juzgado Nacional de Primera Instancia de Campana, a cargo del doctor Adrián González Charvay, Secretaría Penal 2 del doctor Agustín Andrés Ocampo, y en coordinación con la Unidad Fiscal Especializada en Criminalidad Organizada (UFECO), del doctor Santiago Marquevich. Como resultado de los allanamientos, secuestraron 25 escopetas calibre 12,70mm, 55 pistolas calibres 9mm, 45mm, y 22mm, 17 revólveres calibres 38mm, 357mm y 32mm, 7 fusiles calibre 308mm, 8 ametralladoras calibre 9mm, 5 carabinas calibre 22mm, 3 pistolones, 32 cargadores de diferentes calibres, 1 máquina de recarga, 43.100 municiones de diferentes calibres, 2 cañones de pistola, 1 granada mk2 y 2 cuñetes de pólvora. También incautaron 10 teléfonos celulares y dosis de cocaína rosa (Tusi) y marihuana. Cómo operaba la banda que vendió un arsenal La sospecha arrancó a partir de la adquisición en grandes cantidades de pistolas semiautomáticas de diversas marcas y calibres, de parte de personas que no tenían la capacidad económica sustentable para hacerlo. El paso siguiente fue la detección de una serie de armerías dedicadas a recibir esas armas. Tras adquirir las armas en el mercado regular, adulteraba sus registros y números de serie antes de introducirlas en el mercado negro. Luego las transportaba a otros países, como Chile y Uruguay, recaudando grandes cantidades de dinero en efectivo. Esos fondos luego eran volcados en inversiones inmobiliarias. La investigación, además, detectó una red de testaferros: personas de bajos recursos reclutadas para manipularlas y extorsionarlas como eslabones para concretar la red de ventas ilegales de armas.

Se dedicaba al desvío de armas al mercado ilegal y el contrabando hacia Chile y Uruguay. Lavaban el dinero en el sector inmobiliario, con la compra de propiedades. Realizaron 140 allanamientos en CABA y 12 provincias. Detuvieron a 35 personas.   Tras una investigación de dos años, la Policía Federal Argentina (PFA) desarticuló una banda dedicada al tráfico nacional e internacional de armas. Fueron detenidas 35 personas, de las cuales hay exempleados del RENAR. La red llegaba a Uruguay y Chile y lavaba dinero a través de operaciones inmobiliarias.   La «Operación Armas Sin Fronteras» se llevó a cabo tras una denuncia del Registro Nacional de Armas (RENAR) y bajo directivas del Ministerio de Seguridad de la Nación. Tras dos años, se realizaron 140 allanamientos en 13 provincias: Ciudad de Buenos Aires, Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Tucumán, San Luis, Mendoza, Corrientes, Misiones, Neuquén, Chubut, Salta y Tierra del Fuego.   Todo comenzó con una denuncia formulada por el RENAR, sobre la presunta existencia de una organización dedicada a comprar armas de fuego en forma lícita para luego venderlas en el mercado negro.   Exempleados de RENAR   La organización estaba conformada por personas que de acuerdo a sus cargos y funciones cumplimentaban distintos roles, tratándose de exempleados de RENAR, quienes utilizaban sus recursos para facilitar la diligencia de los trámites de compra y transferencia del armamento.   Durante los procedimientos, fueron detenidos 35 personas de la organización, conformada por 4 mujeres y 31 hombres.   Los allanamientos contaron con el despliegue de agentes del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) y la intervención del Juzgado Nacional de Primera Instancia de Campana, a cargo del doctor Adrián González Charvay, Secretaría Penal 2 del doctor Agustín Andrés Ocampo, y en coordinación con la Unidad Fiscal Especializada en Criminalidad Organizada (UFECO), del doctor Santiago Marquevich.   Como resultado de los allanamientos, secuestraron 25 escopetas calibre 12,70mm, 55 pistolas calibres 9mm, 45mm, y 22mm, 17 revólveres calibres 38mm, 357mm y 32mm, 7 fusiles calibre 308mm, 8 ametralladoras calibre 9mm, 5 carabinas calibre 22mm, 3 pistolones, 32 cargadores de diferentes calibres, 1 máquina de recarga, 43.100 municiones de diferentes calibres, 2 cañones de pistola, 1 granada mk2 y 2 cuñetes de pólvora.   También incautaron 10 teléfonos celulares y dosis de cocaína rosa (Tusi) y marihuana.   Cómo operaba la banda que vendió un arsenal   La sospecha arrancó a partir de la adquisición en grandes cantidades de pistolas semiautomáticas de diversas marcas y calibres, de parte de personas que no tenían la capacidad económica sustentable para hacerlo.   El paso siguiente fue la detección de una serie de armerías dedicadas a recibir esas armas. Tras adquirir las armas en el mercado regular, adulteraba sus registros y números de serie antes de introducirlas en el mercado negro.   Luego las transportaba a otros países, como Chile y Uruguay, recaudando grandes cantidades de dinero en efectivo. Esos fondos luego eran volcados en inversiones inmobiliarias.   La investigación, además, detectó una red de testaferros: personas de bajos recursos reclutadas para manipularlas y extorsionarlas como eslabones para concretar la red de ventas ilegales de armas.

El presidente del Ente Administrador Puerto Ibicuy (EAPI), Matías Regalado, destacó que el sistema portuario es una solución concreta para mejorar la logística del transporte de arena silícea para Vaca Muerta. En ese sentido, señaló que la provincia trabaja para que este insumo estratégico se traslade por vía fluvial desde el Puerto de Ibicuy.

 

En ese marco, el funcionario valoró la propuesta del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, sobre la reforma de la Ley de Cabotaje. Consideró que este planteo nacional coincide con la agenda provincial para liberar la navegación y potenciar las economías regionales.

 

«Venimos trabajando hace tiempo para que parte de la arena silícea que hoy se transporta por camión hacia Vaca Muerta pueda salir por vía fluvial desde el Puerto de Ibicuy. Es un proyecto estratégico, porque mejora la competitividad, reduce costos logísticos y también evita el deterioro enorme que sufre la infraestructura vial», subrayó.

 

Comentó luego que desde el Ente Administrador Puerto Ibicuy mantuvieron reuniones con el ministro Sturzenegger, donde conversaron sobre la importancia estratégica del Puerto de Ibicuy dentro de un esquema logístico nacional moderno. «Fue una instancia clave para visibilizar el potencial real que tiene Entre Ríos en este proceso», dijo.

 

Asimismo, resaltó que en la gestión que lleva adelante «es fundamental» el respaldo del gobernador Rogelio Frigerio; y «la política portuaria que estamos llevando adelante tiene apoyo real del gobierno provincial. Para transformar un puerto en un motor de desarrollo hace falta gestión, pero también decisión política».

 

Finalmente, celebró la posibilidad de que la provincia ingrese a la Hidrovía para dejar de estar al margen y ser protagonista. Proyectó a Ibicuy como un puerto central para el futuro del desarrollo nacional, generador de empleo e inversiones.

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