“No es la primera vez que se ha querido bajar la edad de punibilidad. He tenido oportunidad de ir al Congreso de la Nación a discutir sobre el tema junto con otros especialistas en la materia. Nosotros seguimos las enseñanzas de los organismos internacionales y de las cuestiones fácticas que todos los días estamos viendo en las provincias argentinas”, indicó Benítez.
Agregó que: “El Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas si bien dice que hay que modificar la Ley Penal Juvenil, lo cual estamos de acuerdo, porque viene de la época de la dictadura militar; a su vez dice que al modificarlo no se deben incrementar las penas ni se debe bajar la edad de punibilidad, dos cuestiones que se está pretendiendo hacer con este proyecto de ley que, tengo entendido, en la noche de ayer fue retirado. Entendemos que ahora lo que se va a tratar es el dictamen que ya estaba establecido, donde fija la edad en 14 años, en Argentina tenemos una edad de punibilidad de 16 años”.
“Estamos en un momento muy especial en la Argentina, donde el delito cometido por los niños o adolescentes viene en disminución desde hace muchísimos años, con el solo repunte que tuvo después de la pandemia. En general ha disminuido la cantidad de delitos en la República Argentina, en 2001 estábamos con una tasa de homicidios de aproximadamente 9 – 10 cada 100 mil habitantes y ahora estamos en una tasa de 3,7; en Entre Ríos tenemos aún una tasa menor: 2,33 homicidios cada 100 mil habitantes”.
Benítez señaló: “Es cierto lo que dice el Gobierno, que hay países de la región que tienen una edad menor que la ley argentina, pero en todos esos países tienen índices de delitos mucho mayores que nosotros y no ha disminuido la participación de niños y adolescentes en el delito. Esos son los casos que nos dan a nosotros la razón de que la privación de la libertad no hace más que aumentar la violencia”.
“El hecho de que una persona sea no punible no quiere decir que se vaya a la casa y no pase más nada. Tenemos que ver las razones por las cuales ese niño cometió ese hecho y tenemos que acompañar a las víctimas. No tenemos que desproteger ni a la víctima ni al autor. El Estado debe intervenir y si el delito está relacionado con el consumo de drogas, que se trate el tema, y si tiene que estar en un lugar de recuperación de adictos esté. No es ninguna solución que vaya a la cárcel, pero tampoco es solución que se vaya a la casa y que el Estado no haya nada. La intervención no es desde el derecho penal, el lugar de detención no es una cárcel de mayores; el lugar de detención y el tratamiento debe ser otro”, enfatizó Benítez.
La estructura carcelaria argentina “no está preparada ni siquiera para los mayores. Estamos en una crisis carcelaria seria en todo el país. Tenemos el mayor índice de prisionalización desde que se toman este tipo de mediciones, nunca hubo más presos en la República Argentina cada 100 mil habitantes que los que hay hoy. Las cárceles están hacinadas, sobrepasadas de la cantidad de gente, no se les puede brindar un tratamiento adecuado como dice la Ley de Ejecución Penal; si encima les incorporamos los niños y adolescentes, esto se va a agravar muchísimo más. Por eso, pedimos que por favor esto no salga de la manera que aparentemente pretende sacarse”.
Según estudios, “sería de alrededor del 2% en el país la participación de los menores en todo el delito”.
“La privación de la libertad no hace otra cosa que favorecer a la violencia, a la reincidencia y la no socialización de los niños. La solución no es el derecho penal, no es la cárcel; hay otras alternativas no penales”, remarcó Benítez.