Paraná fue escenario este jueves por la tarde de una numerosa movilización encabezada por organizaciones que trabajan con personas con discapacidad, familiares y prestadores de servicios.
La convocatoria se realizó en reclamo por los recortes que afectan al sector y en respuesta a un proceso de desfinanciamiento que, según denuncian, se arrastra desde hace años, pero que se ha profundizado en el último año bajo la gestión del actual gobierno nacional.
La movilización tuvo como eje central la exigencia de la declaración de la Emergencia Nacional en Discapacidad, un proyecto que será tratado la próxima semana en la Cámara de Diputados.
Uno de los puntos más críticos del reclamo gira en torno a la falta de actualización de los aranceles establecidos en el Nomenclador de Prestaciones Básicas, el instrumento que regula las retribuciones que deben pagar obras sociales y prepagas a los prestadores del sector.
Además, los manifestantes denunciaron demoras injustificadas en las auditorías y en la aprobación de pensiones, atribuidas a la falta de diálogo en la mesa del directorio del Sistema Nacional Único de Salud para Personas con Discapacidad, presidida por la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).
Desde el Gobierno, la respuesta se ha centrado en la revisión de presuntas irregularidades heredadas. El ministro Mario Lugones sostuvo que “el sistema de salud está en terapia intensiva debido a años de desmanejo y mala gestión”.
No obstante, quienes marcharon en Paraná coincidieron en que las consecuencias de ese ajuste recaen sobre las personas más vulnerables, y que el derecho a la salud y a una vida digna para quienes tienen discapacidad no puede seguir esperando.
La jornada concluyó con un fuerte pedido a los legisladores para que aprueben la emergencia y activen medidas urgentes que garanticen la continuidad y dignidad del sistema de atención en discapacidad.