En Entre Ríos estamos discutiendo algo mucho más profundo que una ley. Lo que está en juego es la posibilidad concreta de recuperar una obra social que durante años fue víctima de un manejo oscuro, negligente y, en muchos casos, claramente corrupto
Y lo estamos haciendo con datos, con responsabilidad y con la firme decisión de poner en el centro de la escena a los más de 300.000 afiliados que necesitan un sistema transparente, eficiente y justo.
Desde que se dispuso la intervención del IOSPER salieron a la luz cifras que no pueden ni deben naturalizarse: sólo en medicamentos, la gestión anterior generó un perjuicio económico superior a los 22.000 millones de pesos anuales, con sobreprecios que en algunos casos superaron el 1.700 por ciento. ¿Quién puede mirar para otro lado ante semejante saqueo?
La respuesta del equipo interventor fue inmediata y contundente. Se renegociaron deudas, se desactivaron mecanismos de corrupción, se diseñó un nuevo modelo de contratación que permitirá reducir el peso del gasto en medicamentos del 50 al 35 por ciento de los ingresos, sin afectar la calidad de atención. Se incorporaron actores clave, como la Cámara de Farmacias de Entre Ríos, para ampliar la cobertura territorial y garantizar precios justos. Y, lo más importante, se puso fin a un sistema perverso que, con la excusa de prestar un servicio, desviaba recursos en beneficio de unos pocos.
Sabemos que hay sectores que resisten el cambio. Es comprensible: están defendiendo privilegios, no derechos. Hay gremios que, en lugar de aportar al debate, optan por levantar una bandera corporativa. Nosotros, en cambio, preferimos hablar con hechos.
La transformación que estamos impulsando no es contra los trabajadores, sino en defensa de los trabajadores. Porque ningún docente, policía o enfermero merece quedar atrapado en una obra social que paga precios obscenos por medicamentos genéricos. Porque ningún afiliado merece seguir financiando ineficiencias que derivan en demoras, cortes de servicio o prestaciones inadecuadas.
Esta ley no es una imposición: es una necesidad. Pero también es una oportunidad histórica. La oportunidad de contar, por fin, con una obra social que funcione, que rinda cuentas, que cuide los recursos públicos y que garantice salud de calidad.
Quienes hoy levantan la voz contra esta reforma deberían preguntarse a quién están defendiendo. Nosotros lo tenemos claro: defendemos a los entrerrianos.