Durante más de una década, Entre Ríos convivió con un entramado de irregularidades en la administración de la asistencia alimentaria estatal que dejó al descubierto un problema estructural: la vulnerabilidad del sistema de distribución y la facilidad con la que operadores políticos y administrativos pudieron manipular recursos destinados a los sectores más pobres.
Un esquema que se consolidó en silencio
Las investigaciones judiciales y administrativas que se sucedieron desde 2018 revelaron un patrón repetido: contratos irregulares, desvío de módulos alimentarios, empresas proveedoras vinculadas a estructuras políticas y un circuito paralelo de comercialización clandestina.
En ese contexto, el nombre de Leonardo “Nano” Centurión, histórico empleado administrativo de la Cámara de Senadores, apareció mencionado en diversas causas y testimonios como parte de una estructura que acumulaba poder operativo dentro del Estado. Su entorno quedó bajo la lupa cuando su esposa, Fabiola Soraya Claret, figuró como contratada desde 2003 en el marco de la causa de los Contratos Truchos, con sospechas de falsificación de firmas y desvío de fondos.
El caso de los módulos alimentarios: el punto de quiebre
El episodio más grave ocurrió en 2019, cuando vecinos de Paraná denunciaron el acopio irregular de toneladas de alimentos en un galpón del barrio San Agustín, ubicado en calle Jorge Stearns. La mercadería —adquirida mediante decretos oficiales, como el N° 4003 de fines de 2018— debía llegar a familias en situación crítica.
En lugar de eso, los productos fueron hallados en condiciones de insalubridad y, según determinó la Justicia, parte del lote terminó a la venta en supermercados, con etiquetas oficiales adulteradas. En un comercio de calle Almirante Brown, la policía secuestró más de 2.000 paquetes de azúcar pertenecientes a la asistencia estatal.
El entonces fiscal Juan Malvasio ordenó allanamientos que confirmaron la existencia de un circuito clandestino de comercialización. Mientras tanto, escuelas denunciaban que el Estado destinaba apenas 20 pesos por plato para los comedores escolares.
Una causa que nunca avanzó
Pese a los hallazgos, los secuestros y las pruebas recolectadas, la investigación sobre el destino de los 62.500 módulos alimentarios nunca logró avanzar hacia responsabilidades políticas concretas. Los pedidos de acceso a la información pública fueron respondidos con evasivas y la causa terminó estancada.
La estructura política de entonces —tanto en el Ministerio de Desarrollo Social como en el municipio de Paraná— optó por minimizar el impacto institucional y evitar que el expediente escalara hacia funcionarios de alto rango.
El resultado fue contundente: ningún funcionario fue imputado y el caso quedó como uno de los episodios más graves de desvío de asistencia social en la historia reciente de la provincia.
Un patrón que se repite
El funcionamiento del sistema exhibió una lógica conocida en la política entrerriana: operadores que asumen costos judiciales menores, causas que se resuelven con juicios abreviados y estructuras que permanecen intactas.
Los antecedentes de los casos de Subsidios Truchos e Irregularidades en Préstamos muestran cómo distintos colaboradores terminaron afrontando sanciones mínimas mientras las responsabilidades superiores nunca fueron alcanzadas por la Justicia.
Una deuda institucional pendiente
El “negocio del hambre” dejó una marca profunda en Entre Ríos:
- familias que no recibieron alimentos,
- recursos públicos desviados,
- operadores protegidos por estructuras políticas,
- y una causa judicial que nunca logró romper el cerco de la impunidad.
La provincia aún debe una explicación completa sobre cómo funcionó este sistema, quiénes se beneficiaron y por qué —pese a las pruebas— ninguna investigación logró avanzar hasta las máximas responsabilidades institucionales
FUENTE: https://www.davidricardo.com.ar/