La disputa judicial por la situación de los choferes de Buses Paraná, cesantes desde el fin de la concesión del servicio urbano el pasado 6 de diciembre, sumó un nuevo capítulo. Mientras la Corte Suprema de Justicia de la Nación define si la competencia corresponde al fuero laboral de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o al de Paraná, una reciente resolución motivó un firme pronunciamiento de la seccional entrerriana de la Unión Tranviarios Automotor (UTA).
El secretario de Organización de UTA Entre Ríos, Gustavo Rupp, informó este lunes que la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, Sala IX, ratificó la vigencia de la medida cautelar dictada el 26 de noviembre de 2025. Esa resolución ordena a la empresa San José SA —actual prestadora del servicio— absorber de manera transitoria al personal que trabajaba para la anterior concesionaria. “La empresa no solo debe otorgar ocupación efectiva, sino también abonar los salarios adeudados desde el inicio de la explotación, el 7 de diciembre de 2025”, remarcó Rupp.
El dirigente sindical también señaló que la UTA notificó formalmente a la intendenta de Paraná, Rosario Romero, en su carácter de titular del poder concedente. Según expresó, la jefa comunal tiene la responsabilidad de garantizar que la empresa cumpla con las disposiciones legales vigentes. “Debe vigilar que la permisionaria desarrolle sus actividades respetando las normas emanadas de la autoridad competente, ya sea nacional, provincial o municipal”, sostuvo.
La situación mantiene en tensión a los trabajadores afectados, mientras se aguarda la definición de la Corte Suprema y el cumplimiento efectivo de la cautelar por parte de la empresa.