La Cámara de Diputados convirtió en ley el proyecto impulsado por el gobernador Rogelio Frigerio que elimina las pensiones vitalicias para gobernadores y vicegobernadores de Entre Ríos.
La iniciativa deroga la Ley Nº 4.506, vigente desde 1965. Esa norma establecía una pensión vitalicia para quienes ejercieran los cargos de gobernador y vicegobernador de la provincia.
Frigerio había enviado el proyecto en enero de 2024. La iniciativa pasó por ambas cámaras legislativas y recibió modificaciones en el Senado antes de su sanción definitiva en Diputados.
Frigerio y Aluani serán los primeros alcanzados
La nueva ley elimina el régimen especial y establece que quienes ejerzan en adelante los cargos de gobernador y vicegobernador no podrán acceder a este beneficio una vez finalizados sus mandatos.
La medida también alcanza a las actuales autoridades provinciales. Por este motivo, Rogelio Frigerio y la vicegobernadora Alicia Aluani serán los primeros gobernador y vicegobernadora que no podrán acceder a la pensión vitalicia.
«Pusimos fin a más de 60 años de pensiones vitalicias para gobernadores y vicegobernadores. Con la vicegobernadora, Alicia Aluani, seremos los primeros alcanzados por esta decisión. Un compromiso más que asumimos y cumplimos«, afirmó Frigerio.
El gobernador sostuvo que la medida forma parte de una política más amplia de transformación del Estado.
«Desde el primer día de gestión venimos eliminando los privilegios de la política y ordenando el Estado para ponerlo nuevamente al servicio de los entrerrianos«, señaló.
El régimen estaba vigente desde 1965
La Ley Nº 4.506 había creado hace más de seis décadas un régimen previsional especial para quienes ejercieran la Gobernación y la Vicegobernación.
El beneficio establecía una prestación equivalente al 75 por ciento de la remuneración correspondiente al cargo.
La derogación forma parte de la agenda de austeridad, transparencia y ética pública impulsada por la actual gestión provincial. El objetivo, según se informó, es revisar regímenes especiales y eliminar beneficios considerados incompatibles con criterios de igualdad y responsabilidad en el uso de los recursos públicos.
«Estoy convencido de que, si queremos cambiar la forma de gobernar, el cambio tiene que empezar por quienes tenemos la responsabilidad de hacerlo«, concluyó Frigerio.