El Gobierno nacional buscará avanzar durante las sesiones extraordinarias, que comienzan el lunes 2 de febrero, con la modificación de la Ley de Glaciares (26.639). El debate en el Senado tendría lugar el martes 10, en medio de un clima político tenso y con movilizaciones anunciadas por organizaciones ambientalistas.
La iniciativa del Ejecutivo, encabezado por el presidente Javier Milei, apunta a redefinir el alcance de la protección de glaciares y del ambiente periglacial, con el objetivo de otorgar mayor potestad a las provincias sobre sus recursos hídricos y habilitar actividades productivas en zonas actualmente restringidas.
Qué propone el oficialismo
El proyecto plantea:
- Limitar la protección solo a los glaciares que cumplan una función hídrica efectiva y estratégica.
- Permitir actividades productivas —incluida la minería— en áreas hoy vedadas.
- Reforzar la autonomía provincial sobre los recursos naturales.
Desde el bloque libertario argumentan que la ley vigente genera “inseguridad jurídica y parálisis de inversiones”, especialmente en provincias con potencial minero como San Juan, Catamarca y Jujuy.
La postura de la oposición
Los legisladores de Unión por la Patria (UxP) rechazan la reforma y advierten que la modificación podría debilitar la protección de las reservas de agua dulce, principal objetivo de la ley actual.
Organizaciones ambientalistas también anunciaron protestas, señalando que la reforma abriría la puerta a proyectos de megaminería e hidrocarburos en zonas sensibles, afectando glaciares, periglaciares y cuencas hídricas.
Presión en las provincias mineras
Los senadores de provincias con proyectos de litio y cobre enfrentan un dilema político:
- apoyar la reforma para habilitar inversiones, o
- sostener la protección ambiental vigente.
Por ahora, sectores opositores buscan evitar una derogación total y trabajan en un documento intermedio que preserve la protección ambiental sin frenar el desarrollo económico, aunque las posiciones internas siguen divididas.
Un debate que promete alta tensión
El oficialismo sostiene que la reforma dará “certezas técnicas” y permitirá compatibilizar producción y ambiente. La oposición insiste en que la prioridad debe ser proteger las reservas de agua en un contexto de crisis hídrica global.
El Senado será escenario de una de las discusiones más sensibles del período extraordinario, con impacto directo en la política ambiental, la economía regional y la relación Nación–provincias.