Este miércoles, los miembros de la Comisión Especial consensuaron la normativa que establece procedimientos para la prevención, asesoramiento y abordaje ante situaciones de acoso o maltrato en el ámbito de la Cámara. El nuevo reglamento se ajusta a convenios internacionales y busca garantizar espacios de trabajo seguros con perspectiva de derechos humanos.
La Comisión Especial de Prevención e Intervención en Casos de Violencia Laboral y de Género -a cargo de la diputada Carolina Streitenberger- se reunió este miércoles para consensuar el dictamen que establece el Protocolo Específico para la Prevención e Intervención en Casos de Violencia Laboral y Violencia Laboral con Motivo de Género.
El texto define a la violencia laboral como “toda acción, omisión o comportamiento que afecte la dignidad, la salud o las condiciones de trabajo, incluyendo explícitamente el acoso sexual y la violencia digital”. Esta reglamentación alcanza a todo el personal vinculado al cuerpo, sin distinción de jerarquía o modalidad de contratación.
Entre las medidas de protección, el protocolo contempla que la persona afectada pueda solicitar la modificación de su lugar o de su horario de trabajo para resguardar su integridad. Además, se establece que las actuaciones serán confidenciales y se regirán por los principios de no revictimización y reserva de la identidad del denunciante. El documento dispone, además, la obligatoriedad de capacitaciones anuales en la materia para el personal y autoridades jerárquicas. El área de Personal funcionará como autoridad de aplicación a través de un equipo interdisciplinario que brindará asistencia de primera escucha y orientación.
Consenso para la aprobación del protocolo contra la violencia laboral
La diputada Noelia Taborda destacó el avance institucional alcanzado tras la reunión de la Comisión Especial de Prevención e Intervención en Casos de Violencia Laboral y de Género, donde se definió el texto final de la normativa. La legisladora resaltó que el dictamen es fruto de un extenso proceso de diálogo destinado a adecuar la reglamentación a los estándares de derechos humanos. Sobre el cierre de esta etapa de trabajo en comisión, la diputada subrayó la cohesión entre los diferentes bloques y afirmó: «Fue una reunión de consenso, con una redacción que consideramos la más adecuada para su implementación».