La transición del servicio de transporte urbano en Paraná hacia la nueva concesionaria San José abrió un frente de conflicto con la Unión Tranviarios Automotor (UTA), que exige la incorporación automática de los aproximadamente 200 trabajadores que prestaban funciones bajo las empresas salientes ERSA y Mariano Moreno. Sin embargo, especialistas advierten que el gremio estaría malinterpretando el artículo 225 de la Ley de Contrato de Trabajo (LCT) para preservar su injerencia en la contratación de personal.
El artículo en cuestión establece que, en casos de transferencia de establecimiento, el nuevo titular debe asumir las obligaciones laborales preexistentes. Pero en este caso, no se trata de una transferencia de empresa, sino de una nueva concesión adjudicada por el Estado municipal, lo que no implica continuidad jurídica entre prestatarias. Por lo tanto, San José no está obligada legalmente a incorporar al personal anterior, aunque puede hacerlo voluntariamente.
Desde la empresa, se confirmó que se están receptando currículums para conformar su propia nómina, lo que generó alarma en el gremio. El abogado de la UTA, Alejandro Becic, calificó como “garrafal” la posibilidad de despidos, pero fuentes jurídicas consultadas señalan que no hay despidos si no hay vínculo laboral previo entre San José y los choferes.
El trasfondo del conflicto parece estar vinculado a la pérdida de control sindical sobre el proceso de selección de personal. La UTA busca garantizar que los trabajadores actuales sean recontratados, lo que le permitiría mantener su base de afiliados y su capacidad de negociación dentro del nuevo esquema empresarial.
Mientras tanto, la Municipalidad de Paraná aún no se pronunció oficialmente sobre el alcance legal del artículo 225 en este contexto, aunque se espera que la Secretaría de Trabajo convoque a una instancia de conciliación para evitar medidas de fuerza.