El Gobierno de Entre Ríos oficializará este martes la designación de Julián Maneiro como nuevo secretario de Justicia de la provincia. El nombramiento fue anticipado el viernes pasado, cuando el ministro de Seguridad y Justicia, Néstor Roncaglia, lo presentó ante el personal del organismo.
Maneiro reemplazará en el cargo a Martín Acevedo Miño y llega a la Secretaría de Justicia tras desempeñarse como titular de la Secretaría de Asuntos Políticos del Ministerio de Gobierno. Desde allí, fue uno de los principales impulsores de la implementación de la Boleta Única Papel (BUP), sistema aprobado por la Legislatura el año pasado y que comenzará a regir en las elecciones provinciales de 2027.
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Aunque formalmente el secretario de Justicia responde al Ministerio de Seguridad y Justicia, durante el proceso de reemplazo no intervino Néstor Roncaglia, sino el ministro de Gobierno, Manuel Troncoso
El nuevo secretario es oriundo de Crespo, donde fue secretario de Gobierno durante la gestión de Darío Schneider. Entre 2019 y 2023, se desempeñó como diputado provincial. Es abogado egresado de la Universidad Nacional del Litoral (UNL) y cuenta con una sólida formación académica, incluyendo un posgrado en Derecho Administrativo, una maestría y un doctorado en Ciencias Sociales con orientación en Sociología Política, Educación y Derecho. También es docente universitario y representante de la UNL en el Comité Académico de la carrera de Ciencia Política.
Desafíos y contexto institucional
La designación de Maneiro se produce en un contexto donde la Secretaría de Justicia ha tenido, desde hace varias gestiones, un rol de baja incidencia en la agenda institucional. Durante la gestión anterior, sectores del Poder Judicial lograron avanzar con designaciones clave, como la de fiscales auxiliares, mientras fracasaban reformas como la del Juicio por Jurados, impulsadas desde el Superior Tribunal de Justicia (STJ).
Uno de los desafíos inmediatos para el nuevo secretario será la reforma del Consejo de la Magistratura, que ya tiene media sanción en la Cámara de Diputados y enfrenta críticas desde distintos sectores del ámbito judicial. Resta saber si el texto será modificado a partir de esas observaciones.
Además, el Poder Ejecutivo analiza avanzar con una reforma al Código Procesal Penal, un tema sensible que puede impactar en la gobernabilidad y en el funcionamiento institucional de los poderes del Estado.
FUENTE: Pagina Politica