El ministro de Seguridad y Justicia de Entre Ríos, Néstor Roncaglia, se refirió a los recientes allanamientos dictados por la Justicia Federal que derivaron en la detención de un oficial de la Policía provincial involucrado en una causa por macrotráfico de marihuana.
En declaraciones al móvil de FM LITORAL, el funcionario explicó que la investigación tuvo su origen el pasado 13 de febrero, cuando una patrulla de la Policía Rural interceptó una camioneta Citroën Jumper en un camino vecinal cercano a San Gustavo, sobre la Ruta Provincial N° 1. En aquella oportunidad, tras una persecución y la huida de tres sospechosos hacia el monte, los efectivos secuestraron cerca de 1.300 kilos de marihuana y detuvieron a uno de los implicados.
Las claves del procedimiento y la situación del detenido
Investigación y cambio de fuerza: A partir del rastreo de la camioneta involucrada en el traslado de la droga, la propia Policía de Entre Ríos detectó elementos que vinculaban en la operación a un comisario de apellido Rosatelli, abogado y desempeñante en el área jurídica de la fuerza. Al surgir la implicancia de un efectivo provincial, el Juzgado Federal N° 1 de Paraná —a cargo de Leandro Ríos— dio intervención a la Policía Federal Argentina para garantizar la transparencia del proceso, conforme lo establece el Código Procesal Penal de la Nación.
Allanamientos y detenciones: El juez federal ordenó cuatro allanamientos en el marco de la causa: en el domicilio particular de Rosatelli (donde se concretó su detención), en su oficina de trabajo, en un estudio jurídico particular con presencia del Colegio de Abogados y en un domicilio en Chajarí. En total se libraron cinco órdenes de detención, sumando a dos civiles detenidos por la fuerza provincial y al comisario por parte de la Policía Federal.
Respaldo institucional y contundencia: Roncaglia desestimó cualquier versión sobre internas o «revanchas» políticas tras la medida judicial. Aseguró que la propia policía provincial aportó la información clave que derivó en los procedimientos y reafirmó el compromiso del Ejecutivo provincial de no encubrir irregularidades ni mirar para otro lado, remarcando que la institución cuenta con mecanismos de control interno activos para apartar a quienes incumplan la ley.
